Nicaragua: Piden protección a la OEA para menor violada y obligada a parir
Por Sylvia R Torres
(poneloya@hotmail.com)
Managua, noviembre (SEMlac).- Organizaciones sociales y feministas apelaron la pasada semana al relator especial de Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Paulo Sérgio Pinheiro, para demandar su intervención en el caso de la niña de 12 años que, por falta de medidas especiales de protección, fue obligada a parir producto de una violación.
La vida de esta menor, amenazada por el avance de un embarazo producto de la violación, se convirtió en un tema de la campaña electoral, que recién finalizó el 6 de noviembre. El pasado 29 de octubre la prensa nacional reportó el caso, poniendo una vez más en evidencia los problemas de salud que enfrentan las niñas embarazadas, producto de la prohibición del aborto por razones médicas.
El gobierno de Daniel Ortega, que el pasado 6 de noviembre consiguió otro período en elecciones generales consideradas poco transparentes por observadores -entre ellos la Unión Europea y Ética y Transparencia-, prohibió el aborto terapéutico en su actual mandato y se niega a levantar su penalización.
Tras varias semanas en grave estado de salud, la niña, una indígena misquita, dio a luz por cesárea un bebé. La ministra de Salud, Sonia Montes, se declaró en estado de "algarabía" por el hecho, mientras la Primera Dama, Rosario Murillo, exhibió al bebé ante la televisión y lo declaró "un regalo de Dios". En iguales términos lo calificó el sacerdote Neguib Eslaquit, un vehemente opositor, hoy apologista del régimen de Ortega.
Antes de la denuncia, la menor, originaria de la comunidad de Walpa Siksa, yacía en una sala común del hospital Bertha Calderón con síntomas de "preclampsia, hipertensión arterial por el estado de gestación y complicaciones por la edad de la niña", según confirmó después la Ministra. Además, presentaba alto grado de desnutrición y, según los padres, continuas convulsiones.
Este cuadro hizo que muchas obstetras y defensoras de los derechos de las mujeres y niñas reclamaran públicamente por la intervención quirúrgica de la menor, en correspondencia con la Convención de los Derechos del Niño, que impone "el interés superior" de esta. También exigieron el castigo del violador.
Como respuesta, la vocera del gobierno, la Primera Dama Rosario Murillo, trasladó a la menor a una sala privada y acusó a los medios de estar desarrollando un "circo mediático".
La tensión concluyó con el nacimiento del bebé a las 36 semanas de gestación. Según Murillo, el hecho demostró que "Dios derrama más bendiciones para Nicaragua". El periódico oficial digital El 19 publicó una foto de una mujer, posiblemente la abuela, con el recién nacido que, según el medio de prensa, estaba feliz. El gobierno anunció que había organizado sus operaciones y oraciones en coordinación con sacerdotes como Eslaquit.
Por su parte, en varios pronunciamientos públicos, organizaciones de todo el país como el Movimiento Contra el Abuso Sexual y el Movimiento Feminista, rechazaron como ilegal la intervención de la jerarquía católica y evangélica en asuntos de Estado y gobierno que, según la Constitución de la República, deben ser laicos.
Un pronunciamiento del Movimiento Feminista precisó que "las únicas personas que deben ser consultadas en este caso son la madre y el padre de la niña, con quienes nos solidarizamos".
En Nicaragua, el embarazo entre adolescentes es endémico. Cuarenta por ciento de todos los nacimientos corresponden a menores de 18 años. Y también son jóvenes y niñas las más afectadas por violaciones sexuales.
Según un monitoreo de prensa realizado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, en 2010 los periódicos nacionales reportaron que de las 191 niñas violadas, 15 resultaron embarazadas. También señalan que ese año hubo 4.001 menores de edad víctimas de violación sexual, por las cuales ni el gobierno ni la jerarquía habían movido un dedo.
En julio del presente año, Amnistía Internacional solicitó al gobierno de Nicaragua la legalización del aborto terapéutico para niñas que fueran víctimas de violación y mujeres cuyo embarazo ponía en riesgo su vida. El país pertenece al dos por ciento de las naciones en el mundo que prohíben la interrupción de embarazos en todos los casos.
Las voceras del Movimiento Contra el Abuso Sexual señalaron su preocupación por el trauma y tratamiento de esta menor, expuesta públicamente, y la falta de atención al trauma físico y sicológico que vive.
Otras feministas, como Eva Blanco, dudaron que haya intervención divina en el hecho de que un violador cumpliese su propósito de imponer la maternidad a una niña que, como escribió la sicóloga Martha María Blandón, debería estar jugando y atendiendo sus estudios, no lidiando con la maternidad.
El abuso sexual levantó controversias, pues aún está en la memoria popular el caso de Zoilamerica Narváez, quien denunció por violación al ahora presidente Ortega.
El caso nunca fue a juicio porque el mandatario alegó inmunidad, y cuando se puso en manos de la justicia, la jueza -una militante de su mismo partido- declaró que el delito había prescrito.
