Las feministas de Nicaragua, se pronuncian frente al fraude electoral
Las feministas de Nicaragua no reconocemos los resultados de los comicios nacionales del pasado seis de noviembre. Y desde ya denunciamos que el gobierno que se instalará el diez de enero de 2012 representa fraude, mayor empobrecimiento, persecución y muerte para las mujeres y sus derechos, una característica de su política pública hacia las mujeres.
La falta de transparencia de inicio a fin del proceso electoral, la no entrega de documentos de identidad a unos 200 mil jóvenes para participar en las votaciones, la distribución tardía de credenciales a fiscales de los otros partidos, el cambio de ubicación de Juntas Receptoras de Votos sin aviso, el conteo de votos sólo con fiscales oficialistas, la no publicación de los resultados de cada una de las más de doce mil Juntas Receptoras de Votos fueron parte de las condiciones turbias de todo el proceso que - con otro cúmulo de ilegalidades - lo convirtieron en un fraude incalculable. Sus resultados, por ende, no son nada confiables.
Se agrega un Consejo Supremo Electoral de magistrados con períodos vencidos en 2010, que continuaron en sus cargos por decreto presidencial, contra toda ley. A ello se sumó la candidatura ilegal del presidente Daniel Ortega, quien se convirtió en juez y parte y encendió las señales de peligro inminente. Representaba el peor escenario para el país no sólo por su autoritarismo, neoliberalismo y reciente conversión al fundamentalismo religioso –que ha devenido en política de estado- sino también por su pacto con el corrupto Arnoldo Alemán, con quien se repartió los Poderes del Estado. Esto se refleja en instituciones públicas dirigidas por funcionarios por fidelidad partidaria, sometidos al designio de sus caudillos y no sujetos a la ley.
Las elecciones del 2011 son un retroceso de los avances electorales dados en Nicaragua. Esta tendencia inició en el 2008 con las elecciones municipales. El fraude entonces se produjo en los municipios con mayor población como Managua, que reúne a un tercio del electorado nacional.
En Nicaragua, el poder simbólico, subjetivo y real del voto ha sido evidente desde las elecciones del 90. El resultado de entonces puso fin a un proceso revolucionario, propició condiciones para desmontar la guerra y dio inició a un nuevo proceso político y socioeconómico. Aunque ya en 1984 se había realizado elecciones diferentes a las que el somocismo acostumbraba.
Después de las votaciones de 1990, la alta participación ciudadana, y particularmente de las mujeres ha sido una constante a lo largo de todos los procesos electorales, así como la normalización de tales procesos. En las elecciones de este seis de noviembre, las feministas participamos desde una diversidad de posiciones, incluso como observadoras electorales.
A partir de los 90, las fuerzas armadas asumen un marco de atribuciones profesional y universal, trascendiendo la visión partidaria de sus orígenes; y pese a las dificultades y la imposición económica neoliberal, el marco constitucional establecido en 1987, se convirtió en un referente. Sin embargo, esta realidad se infringió cuando la Policía Nacional muestra posiciones afines al partido de gobierno y se ve envuelta en gravísimos hechos de violencia electoral que costaron la vida a tres ciudadanos y generaron el terror y polarización en varias comunidades rurales.
El ascenso al poder de Ortega en 2007 significó que intelectuales, artistas, feministas, grupos de jóvenes y periodistas críticos fueran considerados enemigos a neutralizar, desprestigiar y perseguir. Para ello, se estructuró un sistema donde los derechos humanos de libertad de expresión, asociación y movilización, pasaron a ser “delitos políticos”.
Casi desde su llegada al Ejecutivo, el caudillo hizo de todo para mantenerse en el poder. Procuró transformar el actual régimen político presidencial en parlamentario, que le posibilitara mantener el control político del Estado. Según su argumento, el parlamentarismo es más democrático. No obstante, a la fecha no ha rendido informe ante la Asamblea Nacional, ni ha sometido a ratificación del parlamento ninguno de los cargos que la Constitución establece deben ser ratificados por el Legislativo.
Al no lograr las reformas constitucionales, el presidente Ortega ordenó a la Corte Suprema de Justicia declarar que la prohibición constitucional de una reelección continua era inaplicable. Contrario a la ley, impuso su candidatura, que tenía un doble impedimento.
Fraude: ¿estado de derecho, legitimidad del voto, convivencia pacífica?
Nicaragua es un país con muy reciente memoria de cruentos conflictos armados. La polarización política ha dividido a la sociedad y a las familias. Hace apenas veinte años se comenzó a despejar esta referencia. El fraude de las recientes elecciones quiebra los cimientos del estado de derecho, afecta la legitimidad del sufragio y hace inviable la convivencia pacífica del país. Esta realidad abre la puerta en el país a una crisis de estabilidad y legitimidad, expresada en la violencia y el luto que ya ha producido.
La intimidación, la impunidad, el abuso, el atropello constituyen parte del estilo del gobierno Ortega- Murillo. Se argumenta como política de estado la afectación a la libertad y los derechos democráticos, a cambio de la justicia social. Si bien ha habido acciones gubernamentales que pueden permitir a familias empobrecidas resolver el día a día, es inmoral que esos bienes se entreguen como limosna partidaria y no como derechos, y se busque someterles al poder partidario negándoles su condición de sujetos de derecho.
Las feministas rechazamos que el gobierno orteguista anteponga las necesidades básicas a la libertad. La libertad es un derecho. La libertad no es negociable. Y la justicia social no se debe contraponer al derecho a la libertad.
Desde el poder del caudillo y su familia, de manera deliberada se ha buscado la descomposición sostenida de la conciencia ciudadana para someterla y convertirla en peones. Con el fraude electoral, se auto-otorgan más del 60% de los votos, logrando controlar absolutamente la Asamblea Nacional y poder imponer el régimen político y socioeconómico que quiera, incluido el mayor enriquecimiento ilícito de su familia a costa de la mayoría empobrecida.
Las feministas no olvidamos que el partido de Ortega fue el que indicó a las jerarquías religiosas el camino para eliminar el aborto terapéutico en el año 2006; y quien aportó los mayores votos en el Poder Legislativo para penalizar totalmente el aborto en el 2006 y 2007.
La dictadura Ortega-Murillo ha despojado a las mujeres de su derecho a decidir y ha convertido un Estado laico en fundamentalista religioso contra todo precepto constitucional. Justifica su regresión autoritaria y criminaliza la lucha de las mujeres por sus derechos, ejerce violencia institucional y selectiva contra las mujeres y las feministas, particularmente. Denunciamos desde ya, que frente al reclamo de derechos que continuaremos haciendo, enfrentaremos mayor persecución.
La administración de justicia encabezada por magistradas y magistrados del partido de gobierno ha dado pie a las peores resoluciones sobre delitos de violencia sexual, promoviendo la impunidad de violadores y obligando a niñas a parir, bendiciendo tales violaciones y sus productos.
Para las feministas, la democracia no es sólo elecciones, pero las votaciones legales, transparentes y legítimas constituyen un derecho de toda la ciudadanía. Por ello, las mujeres en Nicaragua hemos invertido en la democracia procedimental y la institucional. Para que la democracia incluyente de las mujeres pueda ser una realidad, necesitamos un estado de derecho en el país.
Las nicaragüenses ya vivimos una dictadura, la somocista y luchamos para que no hubiese otra. Por ello, estamos contra el control absoluto de todos los poderes del Estado, como lo tiene el jefe del partido en el poder. Nos oponemos al control de la población y a su utilización como aparato paraestatal. Nos negamos a que vuelvan a la historia del mundo los camisas azules de Hitler.
Ante esto, las feministas nicaragüenses exigimos:
o La anulación de las elecciones del pasado seis de noviembre.
o Nuevas elecciones en condiciones de libertad, legalidad, transparencia y con árbitros imparciales, para prevenir nuevos conflictos armados, en coincidencia con otros actores.
o Cese a la represión contra todo derecho a la libertad de expresión y de movilización.
o Alto a la violencia y muerte contra quienes piensan diferente.
o Un Ejército y una Policía Nacionales apartidarias y profesionales que protejan a la ciudadanía y cumplan con la Constitución Política y las leyes.
Al mismo tiempo, demandamos:
o A las feministas del mundo entero, denunciar la actual situación que vivimos en Nicaragua.
o A las feministas y todos los actores sociales progresistas y democráticos del continente, que respalden la propuesta de realizar elecciones verdaderamente libres en Nicaragua.
o A todas y todos que estén alerta ante nuevos episodios de violencia y persecución para su denuncia y repudio.
¡Democracia sí, Dictadura NO!
Feministas de Nicaragua
Managua 22 de noviembre de 2011.
