No permitamos más asesinatos

AU: 133/12 Índice: AMR 23/020/2012 Colombia

Fecha: 11 de mayo de 2012

ACCIÓN URGENTE

PELIGRA LA VIDA DE QUIENES INTEGRAN UNA ORGANIZACIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

El 7 de mayo, alguien disparó contra las oficinas de una organización de defensa de los derechos de las mujeres en Bogotá, Colombia. Este incidente se ha producido tras una serie de ataques y actos de intimidación contra la defensora de los derechos humanos Mónica Roa y sus colegas. Se cree que estos ataques son una represalia por el trabajo que estas personas realizan en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. La vida de quienes integran la organización puede correr peligro.

Al atardecer del 7 de mayo, se cortó el suministro eléctrico en las oficinas de Women’s Link Worldwide (WLW), y unos minutos después una persona no identificada realizó un disparo hacia el interior de la oficina. Mónica Roa,defensora de los derechos humanos y directora de programa de WLW,  se encontraba, junto con dos colegas, trabajando en las oficinas en ese momento. La bala rompió el cristal de seguridad sobre la cabeza de Mónica Roa. Aunque nadie resultó herido, el disparo podría haber herido de gravedad o incluso matado a Mónica Roa o a sus colegas.

Hace seis años, el liderazgo de Mónica Roa y el trabajo de WLW en favor del respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres, realizado en colaboración con otras organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, condujo a la despenalización del aborto en circunstancias excepcionales en Colombia. Este reciente ataque tuvo lugar la víspera del sexto aniversario  de esta decisión histórica, y Mónica Roa y sus colegas trabajaban en la preparación e acciones de campaña sobre la falta de aplicación adecuada de la sentencia de la Corte Constitucional.

Este ataque es el último de una serie de actos de intimidación contra Mónica Roa y WLW. Sus oficinas de Bogotá han sido asaltadas –y los asaltantes han robado ordenadores– en tres ocasiones diferentes, la más reciente el 23 de abril de este año. Además, desde 2005 los miembros de WLW han sufrido varias amenazas de muerte y actos de acoso. Por ejemplo, en varias ocasiones alguien ha dejado excrementos humanos ante la puerta principal de las oficinas. Tras los primeros actos de intimidación contra Mónica Roa en 2005, el gobierno le asignó medidas de protección.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

expresando preocupación por la seguridad de Mónica Roa y sus colegas, y pidiendo a las autoridades que investiguen de manera inmediata y exhaustiva los ataques contra ellos, que hagan públicos los resultados de la investigación y que lleven a los responsables ante la justicia;  instando a las autoridades a revisar, con el fin de aumentar su efectividad, las medidas de protección asignadas a Mónica Roa, y a hacerlas extensivas a sus colegas de WLW en Bogotá, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;  instándolas a reconocer públicamente la legitimidad de la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre cuestiones relativas a los derechos sexuales y reproductivos, y recordándoles sus obligaciones respecto a la situación de quienes defienden los derechos humanos, establecidas en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos;  recordándoles la urgente necesidad tanto de aplicar de manera efectiva la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto como de cumplir sus obligaciones  respecto a la protección de los derechos humanos de l as mujeres y las niñas.



ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 22 DE JUNIO DE 2012 A:

Señor Juan Manuel SantosSr. Eduardo Montealegre LynettY copia a: Presidente de la República,Fiscal General de la Nación Women’s Link Worldwide Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26,Dg. 22B No. 52-01 Edf. C Piso 5Apartado Postal 359261 Bogotá D.C. – ColombiaBogotá D.C. - ColombiaOficina Rosales Fax: +57 1 3375890Fax: +57 1 4149000  ext. 2396Bogotá D.C. Tratamiento: Señor PresidenteTratamiento:: Señor Fiscal GeneralColombia Envíen también copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación: Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

Fecha: 11 de mayo de 2012

ACCIÓN URGENTE

PELIGRA LA VIDA DE QUIENES  INTEGRAN UNA ORGANIZACIÓN DE DEFENSA DE  LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En 2006, la Corte Constitucional de Colombia levantó la prohibición total del aborto y permitió a las mujeres y las niñas el acceso legal a servicios de aborto en tres circunstancias excepcionales, entre ellas cuando la vida de la mujer o la niña corra peligro si el embarazo sigue adelante, o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación (sentencia C-355/2006). Sin embargo, la aplicación de la sentencia se ha encontrado con varios obstáculos que han impedido llevarla a cabo.

En varias ocasiones, el procurador general ha defendido públicamente el restablecimiento de la prohibición total del aborto. Ha rebatido públicamente  la sentencia de la Corte Constitucional y ha tratado de obstaculizar su aplicación difundiendo información que contradice la decisión de 2006 de despenalizar el aborto en ciertas circunstancias excepcionales. La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia  y la Familia, desde que ocupó su cargo, ha apoyado abiertamente la postura del procurador general sobre este asunto y ha declarado públicamente que está a favor de penalizar el aborto en todas las circunstancias. La procuradora delegada es responsable de las cuestiones relativas a los derechos de las mujeres dentro de la Procuraduría General.

La demora en la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional tiene graves consecuencias en la vida y la salud de las mujeres y las niñas. A consecuencia de ello, 1201 mujeres decidieron presentar una acción de tutela mediante el sistema judicial para pedir al procurador general y a la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia que se retractaran de sus declaraciones y respetaran la sentencia dictada en 2006 por la Corte Constitucional. Las mujeres solicitaron asimismo que, de acuerdo con la sentencia, la Procuraduría General emitiera información nueva y completa sobre los derechos sexuales y reproductivos.  Mónica Roa y WLW fueron agentes clave en este proceso.

Recientemente, Mónica Roa supo, por los medios de comunicación, que la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia había presentado una demanda judicial contra ella. Mónica Roa no ha recibido notificación oficial de dicha demanda, pero por la información publicada en los medios de comunicación cree que puede haber sido acusada de calumnias y difamación.

Nombre: Mónica Roa y sus colegas Sexo: Todas mujeres, salvo un hombre

AU: 133/12 Índice: AMR 23/020/2012 Fecha de emisión: 11 de mayo de 2012

Gay y cristiano

¿Gay y cristiano? ¿Homosexual y católico? ¿Cristiana y lesbiana? La homosexualidad no es un pecado, tampoco una enfermedad. Creemos que Dios nos creó homosexual, lesbiana, hombre gay, bisexual, o heterosexual. Es decir, no hay ninguna contradicción en ser gay o lesbiana y cristiano(a)/católico(a). El hecho de que la Iglesia nos rechace no implica que Dios nos rechace. Muchas de las iglesias, tanto católicas como protestantes, tienen una idea muy pervertida de la homosexualidad e incluso de la sexualidad humana en general. No obstante, gracias a Dios, las investigaciones científicas y sicológicas nos muestran lo normal que es la homosexualidad, sea femenina o masculina.

En cuanto a la Biblia, expertos en las Sagradas Escrituras han demostrado que la Biblia no dice nada en contra de la homosexualidad. Sí, se menciona actos sexuales entre personas del mismo género en ciertas situaciones, pero eso sólo en unos seis versículos en toda la Biblia. Y cuando uno estudia al fondo, en su idioma original (hebreo y griego) cada uno de estos versículos y su contexto y toma en cuenta la cultura de la época en que cada uno fue escrito, se observa en cada caso que hay problemas en la traducción y/o interpretación tradicional. Se nota que en realidad no hay en ninguno de estos versículos una base para condenar a la homosexualidad.

Al contrario, creemos que nuestra sexualidad, sea heterosexual u homosexual, es un don de Dios y algo que se debe celebrar dignamente. La Biblia incluye varias narraciones que pueden inspirarnos sobre amor profundo entre personas del mismo sexo: Rut y Noemí (de la cual el mundo heterosexual toma una de sus favoritas promesas matrimoniales: "Iré a donde tú vayas...."- Rut 1:16-17);David y Jonatán; el capitán romano y su criado (San Lucas 7:2-10); Jesús y Lázaro; Jesús y Juan. David, al hablar de su amor a Jonatán, dice: "¡Con cuánta dulzura me trataste! Para mí tu amor superó al amor de las mujeres." (o: "Más delicioso para mí tu amor que el amor de las mujeres.") (2 Samuel 1:26). ¿Podemos excluir la posibilidad de que esta relación fue más que platónica, que fue una relación sexual también? Además, en los primeros siglos del cristianismo la Iglesia aceptaba a las/los homosexuales como hijas e hijos de Dios y hay indicaciones incluso que sus uniones en la iglesia fueron bendecidas. Tomado de la página www.otrasobejas.org

Avanza lucha de las y los trans

El respeto a la identidad

 El Senado convirtió en ley el proyecto por el cual el Estado garantiza el respeto a la identidad de género. Las personas trans podrán cambiar nombre, foto y sexo de su DNI. Las obras sociales y prepagas deberán pagar la reasignación del sexo, si lo requiere el afiliado.

 Por Soledad Vallejos

Alcanzaron dos horas y diez minutos para que el Senado aprobara el proyecto de Identidad de Género, que ya había recibido el mismo tratamiento en la Cámara de Diputados. Fueron 55 votos afirmativos, ninguno negativo, una abstención: con esos números, apenas habían dado las 9 y diez de la noche cuando quedaba convertida en ley la disposición según la cual el Estado argentino respeta la identidad que cada ciudadana y ciudadano concibe como propia. Una vez promulgada, bastará un trámite administrativo para modificar el nombre, la foto, el sexo en el DNI. También quedará garantizado el acceso a los tratamientos de salud que la persona requiera para modificar su cuerpo de acuerdo con el género autopercibido.

El texto aprobado define como “identidad de género” a la “vivencia interna e indidivual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”. Ello “puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Podrán modificar sus datos registrales las personas mayores de 18 años. Las prestaciones médicas contempladas en la ley formarán parte del Plan Médico Obligario.

Minutos antes de que el panel del recinto brillara con los números, el senador radical Ernesto Sanz pidió “una autorización especial”: que las y los activistas presentes en las barras pudieran expresar su alegría “si se consolida” la votación. El Senado estalló: desde las barras llovían los aplausos y vivas de activistas a quienes los discursos de la sesión rindieron homenaje una y otra vez. Poco después, los votos daban la razón a esa alegría, que se trasladó a la calle Entre Ríos, frente al Congreso, donde cientos habían seguido del debate en pantalla gigante.

Desde los balcones, la sesión fue presenciada por activistas LGBT, pero en realidad la jornada, en algunos casos, había comenzado bastante antes. “Desde las ocho estoy por acá”, contaba la líder trans Marcela Romero, a quien la Cámara de Diputados había reconocido como “Mujer del Año” en 2009, precisamente porque había logrado un DNI respetuoso de su identidad tras una década de lucha judicial. Presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (Attta), Romero concedió a este diario que sí, estaba “un poco ansiosa” desde temprano en la mañana y se había acercado al Congreso para paliar los nervios. Doce horas después, la ansiedad no menguaba. “Voy a tener que aprovechar que sancionaron muerte digna”, bromeaba desde el balcón que compartía con Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT (Falgbt), de la que Romero es secretaria general. Más allá, Lohana Berkins, presidenta de Alitt (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti), seguía atentamente cada discurso; la concentración, de hecho, le impedía comentar lo que sucedía.

Cuando caía la tarde sobre la plaza Congreso, un centenar de personas seguía la sesión en la pantalla gigante que el Inadi había aportado para acompañar a las organizaciones. Entre música dance, aroma a hamburguesas y personas que corrían colectivos, activistas LGBT bailaban para hacer más leve la espera, mientras se dejaban ver caras que habían sido protagonistas, hace dos años, del debate por el matrimonio igualitario, como José María Di Bello y Alex Freyre, Alejandro Vanelli y Ernesto Larrese, María Rachid. A metros del escenario, Julieta Calderón, altísima con sus 19 años y orgullosa trans militante en la Juventud de la Falgbt, decía a Página/12 que estaba ahí por ella, pero también por su sobrino de 9 años. “Si esto se aprueba, cualquiera sea su deseo, cualquiera su proyecto, la vida sería tan sencilla para él. Creo que esto es para las nuevas generaciones, porque ahora va a hacer falta un cambio cultural fuerte. Socialmente falta. No sé si mañana (por hoy) va a haber un cambio radical en todo, pero el reconocimiento legal a tu verdadera identidad es un cambio cotidiano.”

La sesión había empezado a las siete de la tarde, con una intervención, la de Ada Iturrez de Capellini (Frente Cívico por Santiago, presidenta de la Comisión de Legislación General), que anticipó la tónica predominante de las siguientes dos horas: la Cámara estaba dispuesta a “subsanar” la “deuda” que la democracia tenía con el colectivo trans, y agradecía y aplaudía la militancia de los activistas. La ley, que Iturrez de Capellini definió como “consecuencia de la ley de matrimonio igualitario”, recibió el respaldo de todos los bloques, cuyos representantes fueron ampliando, a su turno, el abanico de razones: es “un derecho humano básico para poder dignificarse”, señaló Eugenio Artaza (UCR); “tendría que haber sido sancionada mucho antes”, reflexionó Aníbal Fernández (FpV); permitirá “a la gente intentar ser más feliz”, aportó Miguel Angel Pichetto (FpV). Es “el primer paso para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razón de identidad de género”, destacó Rubén Giustiniani (PS), quien pidió, como otros de sus colegas, reconocer a la legisladora (MC) Silvia Augsburger, responsable de haber franqueado el paso de la demanda al Congreso.

Los discursos transcurrían sin sobresaltos, ante un recinto del que se habían ausentado dieciséis legisladores, entre ellos Teresita Negre de Alonso, quien dos años atrás se había opuesto férreamente al matrimonio igualitario. Sonia Escudero, que en 2010 votó en oposición a aquella ley, anunciaba, sirviéndose de cifras sobre la vulnerabilidad del colectivo trans, que votaría favorablemente; del mismo modo votó el salteño Juan Carlos Romero. En ese contexto, y trayendo a colación los reparos que la jerarquía católica expresa con respecto a la modificación del Código Civil, Marcelo Fuentes (FpV) cuestionó la “extorsión de la religión” y el “síndrome del púlpito”, puesto que es preciso reconocer “la secularización del derecho”. “No va a haber reconstrucción igualitaria en la Argentina si los responsables de llevarles tranquilidad a sus fieles no los preparan para un mundo que marcha a los cambios.”

Sólo la chubutense Graciela Di Perna (Frente por la Integración) puso una nota disruptiva al anunciar que se abstendría, entre otras cosas, porque “adulterar la partida de nacimiento es un delito”, habida cuenta de que “no se puede adulterar el genotipo del sexo de un individuo presente desde la concepción en cada célula del individuo”.

Aunque los reconocimientos a organizaciones y activistas fueron moneda corriente, un nombre reaparecía una y otra vez en la sesión: el de Claudia Pía Baudracco, la líder trans fallecida el 18 de marzo. La mencionó, tras recordar a “Ursula, una mujer encantadora que ha padecido las discriminaciones que hoy se terminan”, la chaqueña Elena Corregido (FpV); también la riojana Mirtha Luna, al contar que la había conocido en un acto por el Día de la Mujer: “Claudia Pía se me acercó y me pidió que le diéramos sanción al proyecto. Diez días después murió”. El nombre de Baudracco estuvo presente, también, en la plaza, junto con otros históricos, como el de Nadia Echazú. Faltaban minutos para que el cuerpo votara. Gerardo Morales (UCR) se congratuló porque la “ley convertirá a la comunidad trans en sujetos de derecho, como ocurre con el conjunto de la sociedad”.

Será que siempre les fallamos a las mujeres pobres

Todos le fallaron a Manuela

Víctor Hugo Mata Tobar
matatobar@yahoo.com 

Se llamaba Manuela, nombre ficticio por supuesto, habitante de una zona rural de una las regiones más pobres del Oriente del país, analfabeta, relativamente joven,  que un día salió embarazada y nueve meses después se le vino el producto  cuando defecaba   en la fosa séptica, fue trasladada al hospital de emergencia, de donde se denunció que había abortado, llegó la policía al lugar,  sacó al niño muerto y la procesaron, condenándola a  treinta años de cárcel por homicidio agravado.

El proceso estuvo plagado de irregularidades: el defensor público nunca habló con Manuela; la autopsia de Medicina Legal fue mal realizada e incompleta; los Jueces de Sentencia no emplearon la sana crítica, se llevaron por conjeturas y sesgos ideológicos como aquello de que Manuela había matado al niño porque era producto de una infidelidad y  finalmente no tuvo acceso a casación porque hasta eso no llega la asistencia legal pública. La revisión  del proceso tampoco fue aceptada por los mismo Jueces aduciendo formalidades y argumentos defensivos justificando su  falta de prudencia elemental en todo juzgador.   Todo el sistema de justicia en el país le falló a  Manuela.

Pero no solamente la justicia le falló, también los servicios públicos de medicina y el sistema carcelario.  En  el proceso se evidenció que Manuela sufría de presión arterial alta lo cual lógicamente, había incidido en el parto espontáneo que tuvo, y esto era producto de una cáncer linfático que sufría desde hacía unos dos años, enfermedad mal tratada en el centro de salud público al que acudió. Le recetaban pastillas para  la bola del cuello que tenía, un cáncer de Hodgkin.   Ya en la cárcel su salud empeoró, no fue llevada regularmente a las  sesiones de quimioterapia, y falleció en el 2009.  Quedaron en la orfandad dos pequeños hijos sostenidos y educados, por su pobres abuelos, dos respetables personas de origen rural, marginadas, que no se explican por qué su hija  entró viva a la cárcel y salió muerta.

La historia de  Manuela  no es aislada. Sucede con frecuencia en  muchas mujeres jóvenes, rurales, analfabetas y pobres que  sufren abortos espontáneos por diversas causas,  de repente se les viene el producto mortinato, con placenta y cordón umbilical en bloque, caen desvanecidas por la pérdida de sangre, las llevan al hospital con  bajísima  hemoglobina, y allí el personal de salud – enfermeras, doctores-, “les sacan la verdad” para contribuir con la “justicia” olvidándose del secreto profesional.   Para ellas no existe la presunción de inocencia.  La respuesta de la “justicia” – al menos en unos cinco casos emblemáticos que he conocido-,  es abrirles proceso inmediatamente y esposarlas en la cama hospitalaria, nunca les dan libertad provisional porque como son pobres no tienen “arraigo”.   En el curso del proceso  la Fiscalía cambia el delito de aborto a homicidio agravado,  la  defensa pública  es generalmente pasiva,   las autopsias de Medicina Legal  imperitas o negligentes,  y  los  Jueces de Sentencia,  las condenan   sobre la base de conjeturas.   La casación,  antes la única apelación, y la revisión han sido remedios inalcanzables, la formalidad puede más que la justicia, consumándose así el triunfo de la  misoginia oficial. El Salvador no hay que olvidar, se encuentra entre  el  reducidísimo “club”  de países en el mundo – entre otros Chile, Malta, Nicaragua, República Dominicana, el Vaticano-, que castigan absolutamente el aborto, es decir que no contempla excepciones, solamente que aquí a diferencia de los otros, el delito es grave y encarcelan a la mujeres porque   en nuestro país  en esta materia, manda   un reducido pero  influyente y beligerante grupo de católicos que sostienen como la Sala de lo Constitucional, que  las mujeres no tienen derecho a su propio cuerpo.

Hoy el caso de Manuela  ha llegado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado salvadoreño responda por tanta impericia, negligencia  y misoginia de sus agentes, la justicia internacional  seguramente no le fallará, y  se espera que el caso llegue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nuestros gobernantes todos, reciban una lección de simple humanidad.